martes, 26 de marzo de 2024

¡Que tiemblen los amantes del chocolate!: los precios internacionales del cacao baten récords históricos


El cacao se comercializa en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y en la Bolsa Intercontinental (ICE) de Londres. Los precios en Nueva York se basan en el mercado del sur de Asia y los precios en Londres se basan en el cacao de África. El tamaño de cada contrato de cacao en el NYMEX es de 10 toneladas métricas. Los mayores productores de cacao son Costa de Marfil y Ghana, que juntos representan más del 60% de la producción mundial (véase cuadro adjunto). Otros productores importantes son: Indonesia, Nigeria, Camerún, Ecuador y Brasil. Aunque el cacao es uno de los mercados de productos básicos más pequeños del mundo, tiene implicaciones globales para los productores de alimentos y dulces, y para la industria minorista.


En el gráfico siguiente se muestra la evolución de los precios internacionales del cacao (mercado de futuros, dólares por tonelada) desde 1959 a 2024 (último dato de 24 de marzo, futuros de mayo 2024).


Fuente: Trading Economics

Los precios del cacao han escalado a un nuevo nivel récord no conocido desde 1959. El precio se ha situado en los 9.647 dólares la tonelada a medida que la escasez de la oferta se apodera del mercado y las empresas chocolateras internacionales luchan por hacerse con los granos. Este precio supone una subida del 40,38% en el último mes y de un 233,01% en tasa interanual.

La razón de este aumento masivo de los precios se remonta a las perturbaciones tanto de la oferta como de la demanda.

Por un lado, las severas condiciones climáticas secas inducidas por El Niño, los incendios forestales y las enfermedades de los cultivos han reducido el suministro de cacao. Las malas cosechas en los principales países productores de Africa Occidental,  principalmente Costa de Marfil y Ghana, provocaron escasez de suministro.  El Niño provocó fuertes lluvias en diciembre, lo que provocó daños a los cultivos y la propagación de la enfermedad de la vaina negra. El calor extremo posterior, el envejecimiento de los árboles de cacao y la minería ilegal en estos países redujeron aún más la producción. 

Por otro lado, la demanda también se ha mantenido fuerte en países occidentales, sobre todo en EE. UU., lo que ha permitido a las empresas chocolateras trasladar el aumento de los precios a los consumidores. 

El aumento del precio del cacao provocará que el precio del chocolate y sus productos derivados se vayan encareciendo a lo largo de 2024. Como anécdota, en EE. UU. ya han subido considerablemente los precios de los tradicionales huevos  de Pascua e incluso algunos fabricantes (como Mars Inc.) están reduciendo el tamaño de las tabletas de chocolate (práctica de la shrinkflation).

Una polémica que queda fuera de esta entrada del Blog es la catástrofe ambiental y social que esconde cada barra de chocolate: trabajo infantil, deforestación y acusaciones de greenwashing.
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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "¡Que tiemblen los amantes del chocolate!: los precios internacionales del cacao baten records históricos", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 26/3/2024,
https://vicenteesteve.blogspot.com/2024/03/que-tiemblen-los-amantes-del-chocolate.html

miércoles, 28 de febrero de 2024

La evolución de los precios en la Eurozona: una historia de convergencia y divergencia


Por Alfredo Garcia-Hiernaux (Universidad Complutense de Madrid), Maria T. Gonzalez-Perez (Banco de España) y David E. Guerrero (CUNEF Universidad)

Este post se publicó en el blog (bAg): (bAg): Blog de Economía de la Aldea Global  el 15 de marzo de 2024. Fruto del acuerdo de colaboración entre este blog y el blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, cada trimestre reproduciremos en nuestro blog algunos post que, por su temática, también pueden ser interesantes para nuestros lectores.
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La Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) se ha enfrentado a un importante reto desde su constitución, el diseño de una política monetaria común, teniendo los miembros de la unión una estructura económica y sociológica diferente, y un nivel de precios que evoluciona de manera heterogénea.

La implementación de una política monetaria común requiere que los precios de los países miembros converjan en términos relativos en el largo plazo. De lo contrario, la implementación de una política monetaria común podría generar desequilibrios fiscales o financieros en determinados países miembros. Por convergencia en términos relativos entendemos la convergencia de las tasas de inflación de dos países, mientras que por convergencia absoluta entendemos la convergencia de sus niveles de precios. La segunda implica la primera, pero lo inverso no es cierto. De esta forma, un diferencial positivo de precios entre dos países en el largo plazo es perfectamente compatible con la convergencia de sus tasas de inflación. Esto es, si el nivel de precios de dos economías converge en el largo plazo, sus tasas de inflación también lo harán, independientemente de que el diferencial del nivel de precios en el largo plazo no sea nulo. Dicho esto, ¿existe evidencia de convergencia relativa de precios en la UEM? A pesar de la importancia de medir, analizar y monitorizar de manera periódica la convergencia de precios relativa entre estados miembros en la unión, no es obvio que exista un marco econométrico global y unificado que permita hacerlo. Nuestro artículo propone una metodología que permite contrastar y caracterizar la convergencia absoluta y relativa de los niveles de precios de los países de la UEM desde 2002 hasta 2020.

Es importante recalcar que la inflación es un concepto de medio-largo plazo, compatible con shocks heterogéneos de corto plazo en el nivel de precios, que pueden causar desequilibrios y obligar a los precios a cambiar para ajustarse a su anterior o nuevo equilibrio. Si bien desequilibrios de mercado en el corto plazo afectarán al nivel de precios de uno o varios países miembros, estos, tras un periodo de tiempo, deberán de converger en el largo plazo a un nivel común de precios (convergencia absoluta) o hacerlo sus tasas de crecimiento (convergencia relativa). La metodología que se propone en nuestro artículo mide y estudia la convergencia asintótica, i.e., a un valor teórico común al cual los niveles de precios y la inflación convergen. También permite estimar la velocidad de convergencia. Esto es importante porque no todas las economías y sus fundamentales reaccionan a la política monetaria con la misma velocidad, por tanto, tampoco lo harán sus precios. La autoridad monetaria competente se beneficiaría de tener esta información para enfrentar los desequilibrios que causa la política monetaria en los distintos países miembros. Esta metodología también permite contrastar y monitorizar el cumplimiento de los criterios de convergencia de precios e inflación en los países candidatos a pertenecer a la Unión. Al poder contrastar convergencia absoluta y relativa de precios en un mismo modelo, se facilita la comparabilidad estadística de los distintos episodios de integración económica de los países miembros.

En lo que respecta al análisis econométrico propuesto, el artículo propone un modelo de corrección de error que permite estudiar la senda de convergencia de precios, así como sus características fundamentales (su forma, la velocidad de convergencia y el diferencial de precios o inflación, cualquiera sea el caso). El análisis de cointegración, que usualmente se emplea en este tipo de estudios para concluir sobre la convergencia de precios, en insuficiente ya que no informa adecuadamente del proceso de convergencia y divergencia, y sólo aporta respuestas binomiales: los precios ya han convergido o no lo han hecho. Nuestro modelo permite contrastar convergencia relativa y absoluta de precios cuando el proceso de convergencia se está produciendo, pero aún no se ha completado. Ello se consigue incluyendo uno o dos operadores convergencia a la especificación del modelo de precios relativos. Más detalles técnicos sobre la metodología y las definiciones empleadas pueden encontrarse en el artículo de referencia. [1]

El periodo de estudio en este artículo empieza en enero de 2002, cuando el euro entró en circulación de forma física, hasta diciembre de 2019, justo antes de la pandemia. Las series de precios para cada país miembro son trimestrales y se basan en los índices de precios armonizados que publica mensualmente Eurostat. El análisis se lleva a cabo para toda la muestra y para dos submuestras solapadas (2002-2011 y 2010-2019) con objeto de ahondar en el estudio de un potencial cambio en la convergencia absoluta y relativa de precios en este periodo.

A continuación, se resumen los principales resultados obtenidos. Se encuentra evidencia estadística a favor de diferentes patrones de comportamiento en los niveles de precios de los países de la Unión, antes de 2012. En concreto, se encuentra convergencia absoluta de precios en el largo plazo sólo entre Alemania, Francia e Italia, rechazándose la convergencia absoluta de precios en el resto de casos. Sin embargo, no se rechaza una convergencia relativa de precios entre pares en el 18% adicional, incluido España, lo que supone la existencia de evidencia estadística a favor de una convergencia de inflación alrededor de 2012, para aproximadamente del 80% de la economía combinada de la UEM. De esta forma, hasta esa fecha, las tres economías más grandes de la UEM habían convergido en niveles de precios, y el 80% de la economía de la UEM en inflación. Ver Figura 1.

Figura 1. Precios relativos (%) en la UEM con Alemania como numerario.


Los contrastes arrojan resultados diferentes en la segunda submuestra. Ya no se encuentra evidencia de convergencia absoluta de precios en ningún caso. Tampoco se encuentra evidencia de convergencia en inflación entre ningún par de países, excepto entre Alemania y España. De acuerdo con los resultados obtenidos, los procesos de divergencia, cuando se detectan, comenzarían entre 2012 y 2015. La velocidad de ajuste del nivel de precios ante un shock se estima heterogénea y en muchos casos baja, lo que podría favorecer una menor capacidad estadística para detectar una senda de convergencia relativa o transición estable en esta segunda parte de la muestra hacia un nuevo equilibrio. También dificulta una política monetaria coordinada.

Los resultados obtenidos en cada submuestra se contrastan empleando toda la muestra y dos operadores convergencia que controlen por posibles cambios en la senda de convergencia (absoluta o relativa) de precios; ver figuras 2.a y 2.b. El eje de la derecha incluye los precios relativos (original y series corregidas por el factor convergencia, y el factor de corrección), que corresponden los gráficos de la parte superior de cada figura. El eje de la izquierda, parte inferior, incluye el coeficiente del test de divergencia/convergencia empleado, un valor por debajo del valor crítico informa sobre una probable divergencia de precios relativos. Las fechas estimadas de divergencia o convergencia se indican en cada figura.


Figura 2. IV/2011-I/2020. Análisis de convergencia usando los precios relativos de la UEM con Alemania como numerario.


Al emplear toda la muestra, se confirman los resultados anteriores y se encuentra evidencia de convergencia relativa de precios de para algunos países adicionales, como Países Bajos frente a Alemania. La reducida velocidad de convergencia entre ambos países explicaría que sólo se detecte convergencia entre estos dos países cuando se considera toda la muestra. En casi todos los casos analizados se precisan dos operadores convergencia para modelizar la evolución de sus precios relativos. Los resultados obtenidos sugieren interpretar el primer operador como un operador convergencia (hasta 2012) y el segundo como un operador divergencia, que tiene su origen entre 2012 y 2015. Con una elevada probabilidad no es uno, sino la interacción de un conjunto de factores financieros y económicos lo que explicaría el patrón de comportamiento de precios observado antes y después de 2012 en la UEM. Dada la heterogeneidad del tejido productivo y social de los países miembros, se precisaría de un análisis a nivel país para desvelar cuales han sido estos factores.

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[1] Versión ampliada del artículo en Garcia-Hiernaux, A., Gonzalez-Perez, M.T. and Guerrero, D.E. (2023): "Eurozone prices: A tale of convergence and divergence", Economic Modelling, 126, 106418.
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Como citar esta entrada del Blog:

Alfredo Garcia-HiernauxMaria T. Gonzalez-Perez y David E. Guerrero, "La evolución de los precios en la Eurozona: una historia de convergencia y divergencia", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 28/2/2024,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2024/02/la-evolucion-de-los-precios-en-la.html

lunes, 29 de enero de 2024

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2022, y proyecciones 2023-2026

 

Entrada elaborada conjuntamente con María A. Prats de la Universidad de Murcia

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2022 y las últimas proyecciones del Banco de España y del Gobierno para el periodo 2023-2026. Con más detalle, se ha añadido la cifra provisional del año 2022 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan proyecciones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo, PDE), proyecciones elaboradas el pasado diciembre por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el periodo 2023-2026. [1]. Por último, se muestra la evolución histórica del stock de deuda pública en % del PIB y del superávit (+) o déficit presupuestario total para España para el periodo 1850-2022 y las predicciones para 2023-2026.

Nos gustaría destacar los cinco últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: (1) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; (2) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; (3) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 y terminó en 2019, pero que avanzó a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo; (4) el problema de la solvencia fiscal se ha agravado considerablemente con la recesión provocada por el COVID-19 en 2020, tanto por el aumento del gasto público como por la insuficiente recaudación de los ingresos públicos; (5) y el lento ajuste fiscal iniciado desde 2021 impulsado fundamentalmente por el aumento de los ingresos públicos vía crecimiento del PIB nominal.

En el Gráfico 1 (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública (o gastos públicos primarios) de 1964 a 2022 y la previsiones del Gobierno para 2023 y 2024 en relación a las dos primeras variables. 

Por un lado, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008.  Resaltar que a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2019 en el 42,3% y el 40% del PIB, respectivamente. La Pandemia provocó un crecimiento espectacular de las dos variables. Con más detalle, a finales de 2020 los gastos públicos totales alcanzaron el máximo de la serie histórica con una ratio del 52,3% del PIB, batiendo el anterior récord histórico del año 2012 (49,1%), y superando ampliamente el dato de finales de 2019 (42,3% del PIB). Los datos de finales de 2022 sitúan los gastos públicos totales en un nivel más bajo del 47,9% del PIB, mientras que las previsiones del Gobierno reducen está cifra al 45,8% y el 45%  del PIB para los años 2023 y 2024, respectivamente.

Por otro lado, los ingresos públicos se situaron a finales de 2022 en el 43,1% del PIB. El Gobierno prevé una reducción de este nivel para los años 2023 (41,9%) y 2024 (42%). La causas de esta caída son tanto la desaceleración económica como la reducción de las tasas de inflación, factores que impulsaron en 2021 y 2022 la recaudación impositiva.


En el Gráfico 2 se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto primario (excluido los pagos de intereses de la deuda pública) del total de las AA.PP. para el periodo 1964-2022. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). Recordar que el mantenimiento de saldos de ahorro público equilibrados permite cumplir la "regla de oro" de la política fiscal: emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública.


Por un lado, el ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2009-2019 el ahorro público primario registró una importante mejora (4,3 puntos porcentuales en % del PIB) hasta situarse en un nuevo superávit en 2019 (+1,4 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el desequilibrio negativo en el ahorro público total se ha reducido en 3,7 puntos porcentuales hasta alcanzar en 2019 un ligero déficit (-0,9 puntos porcentuales del PIB).

Por otro lado, la Pandemia provocó un importante deterioro en las dos variables generando nuevamente importantes déficits. Con más detalle, el ahorro público total se situó a finales de 2020 en el -7,2% del PIB, mientras que el ahorro público primario alcanzó el -4,9% del PIB. Desde ese año el desequilibrio negativo se ha ido reduciendo en ambas variables, hasta alcanzar a finales de 2022 un déficit del -2,0% en el ahorro bruto total y un ligero superávit en el ahorro público primario del +0,4%.

En el Gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda pública) desde 1964 a 2022 y la proyecciones para el periodo 2024-2026 del Banco de España para el saldo total y del saldo primario por parte del Gobierno. Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.


Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generando superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord en estos 53 últimos años de historia de la hacienda pública española: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total. 

El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se volvió a encauzar en los años 2013 a 2019, con un ligero paso atrás en este último ejercicio presupuestario. Con más detalle, el déficit público total se redujo desde 2012 a 2019 en 7,9 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar el -2,8% del PIB, mientras que el déficit público primario se redujo en 7,1 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse muy cercano al equilibrio (-0,6% del PIB).

La consecuencias económicas de la Pandemia provocó en 2020 un deterioro importante del déficit público. Con más detalle, el déficit público total se situó a finales de 2020 en el -10% del PIB, mientras que el déficit público primario alcanzó el -7,8% del PIB. En el periodo 2021-2022 ambos desequilibrios se han ido reduciendo hasta situarse a finales de 2022 en un déficit público total del -4,7% y en un déficit público primario del -2,4%.

A falta de la liquidación definitiva, se mantiene la estimación del déficit público total por parte del Banco de España para 2023 en el -3,8% del PIB. En 2024 con la prórroga de los presupuestos y de una parte de las medidas anti crisis, el déficit público total se reduciría ligeramente hasta el -3,4% del PIB. Para los años 2025 y 2026, el Banco de España prevé un ligero aumento del déficit público total hasta alcanzar en ambos años el -3,6%, lejos todavía del objetivo del -3% impuesto por las reglas fiscales de la zona euro.

Las previsiones del Gobierno sitúan el déficit público primario en el -1,4% y el -0,4% para 2023 y 2024, respectivamente.Para 2025 y 2026 se prevé un ligero empeoramiento del -1,2% en 2025 y del -1% en 2026.

Las reglas fiscales volverán en 2024, por lo que España entrará, previsiblemente, dentro del protocolo de déficit excesivo, y se le requerirá un plan de ajuste que asegure una trayectoria de gasto que garantice la reducción progresiva del déficit y de la deuda.

En el Gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. para el periodo 1964-2022. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que publica el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española).


En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008, deterioro que se ha vuelto a repetir en 2020 como consecuencia del COVID-19. 

Con más detalle, el stock de deuda pública según el PDE se situó a finales de 2020 en 1.345.786 millones de euros (120,4% del PIB), mientras que el stock de deuda pública total (que incluye muchos más pasivos de las AA.PP.) alcanzó hasta entonces la cifra récord en la serie histórica de 1.980.288 millones de euros (177,1% del PIB). En los años 2021 y 2022 ambas ratios se han reducido hasta situarse en el 113,2% en el caso del stock de deuda pública según el PDE  y del 145,7% en el caso del stock de deuda pública total.

Las previsiones del Banco de España sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (Gráfico 6) estiman que la relación deuda/PIB continúe su trayectoria descendente en 2023, disminuyendo al 108,1% para posteriormente estabilizarse en el periodo 2024-2026 en torno a una media del 107%, a medida que se desvanezca el diferencial favorable entre el crecimiento del PIB nominal y el coste del servicio de la deuda. Estas cifras se mantienen muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Maastricht del 60% del PIB. 


Finalmente, en el Gráfico 7 se muestra la evolución histórica del stock de deuda pública en % del PIB para el periodo 1850-2022 y las previsiones del Banco de España para el periodo 2023-2026. 

La situación actual de la dinámica de la deuda pública se encamina sin control hacia los peores episodios de nuestra historia económica reciente: la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso XII y la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 en el regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII.

El récord negativo se sitúo en 1876, cuando la deuda pública del país quedó contabilizada en un 169% del PIB. El siguiente pico de deuda llegó, por su parte, en 1902 con una cifra equivalente al 128% del PIB en ese momento, pico al que nos estamos acercando desde el inicio de la Pandemia. Se venía en ambos casos de los tiempos de la llamada "leyenda negra" de la deuda pública española.


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[1] Banco de España (2023): Proyecciones macroeconómicas de la economía española, 19 de  diciembre;  Ministerio de Hacienda y Función Pública (2023), Plan Presupuestario 2024, octubre.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2022, y proyecciones 2023-2026", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 29/1/2024,

http://vicenteesteve.blogspot.com/2024/01/evolucion-historica-de-las-variables.html

domingo, 17 de diciembre de 2023

Los pagos por intereses de la deuda pública de EE.UU. se aceleran desde 2021 y alcanzan un récord histórico


Tal y como muestra el siguiente gráfico, el déficit público federal de EE.UU. en 2022 fue de 1,4 billones de dólares, equivalente al 5,4% del PIB, casi 2 puntos porcentuales más que la media de los últimos 50 años (3,6% del PIB) y en niveles récord no alcanzados desde 1947.


En lo que respecta al stock de deuda pública, a finales de 2022 se sitúo en el 119,7% del PIB (30,8 billones de dólares) más del doble que la media de los últimos 50 años (46,9% del PIB) y en niveles récord, tal y como se muestra en los dos siguientes gráficos.



Como ya tuvimos ocasión de explicar con detalle en otra entrada del Blog, el Senado estadounidense alcanzó un acuerdo el 2 de junio de 2023 para suspender el techo de deuda -la cantidad de dinero que el país puede pedir prestado legalmente-, en medio de fuertes debates sobre la sostenibilidad fiscal del Gobierno. El acuerdo evitó que EE.UU. entrara en suspensión de pagos en 2023, lo que hubiera tenido un fuerte impacto en la economía global, a cambio de situar el gasto público en niveles de 2022. El 3 de junio de 2023, el presidente Joe Biden aprobó un proyecto de ley que eliminaba el multimillonario techo de deuda del gobierno, permitiendo que se acumulara más deuda. Además, el techo de deuda actualmente no tiene límite hasta enero de 2025.

Al mismo tiempo que subía significativamente el stock de deuda pública se producía un aumento paralelo de los tipos de interés de la deuda pública desde 2020 (consecuencia de los elevados déficit públicos y de las políticas monetarias restrictivas de la Reserva Federal), tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

La consecuencia del aumento del volumen de deuda pública y de los tipos de interés ha sido el crecimiento del los pagos de intereses de la deuda hasta un nivel récord en 2022: 829.594 millones de dólares, tal y como muestra el siguiente gráfico. 


Y quizás lo más preocupante, el ritmo de crecimiento de los pagos de intereses ha alcanzado en 2021 y 2022 el 18,2% y el 35,5% en tasa interanual, respectivamente (véase siguiente gráfico).


Esta cifra desorbitada de 829.594 millones de dólares en pagos de intereses de la deuda pública (en azul) sobrepasa a finales de 2022 a todo el gasto federal en defensa (727.450 millones de dólares, en verde) y si sigue a este ritmo de crecimiento en pocos años será superior al gasto en pensiones de la seguridad social (retirement, en rojo), 1,10 billones de dólares en 2022, tal y como muestra el siguiente gráfico.


Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, los pagos de intereses de la deuda en % del PIB se situaron en el tercer trimestre de 2023 en el 3,54%, récord que no se alcanzaba desde el año 1999 en el último año de la Presidencia de Bill Clinton.


La CBO (Congressional Budget Office) ha hecho proyecciones de  la deuda pública federal hasta 2053, asumiendo que las leyes impositivas actuales y los programas de gasto público permanecen sin demasiados cambios. Según las proyecciones de la CBO, la deuda federal terminará en el 124% del PIB  al final del año fiscal 2023 y el 129% del PIB al final de 2033. A finales de 2053, dicha deuda ya alcanzaría el 192% del PIB (véase detalles en el cuadro siguiente). Todo indica que los ajustes fiscales duros serán tarde o temprano inevitables.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "Los pagos por intereses de la deuda pública de EE.UU. se aceleran desde 2021 y alcanzan un récord histórico", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 17/12/2023,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2023/12/los-pagos-por-intereses-de-la-deuda.html

martes, 5 de diciembre de 2023

Episodios históricos de hiperinflación y el caso reciente de Argentina

Un billete de cien billones de marcos en la hiperinflación alemana de 1923

Philip Cagan (1956) analizó siete experiencias hiperinflacionarias en Europa entre 1920 y 1947 para probar la teoría cuantitativa del dinero. El trabajo de Cagan se convirtió en un clásico y proporcionó la definición estándar de hiperinflación: los precios aumentan más del 50% mensual (12.875% anual) y termina cuando cae y se mantiene por debajo de ese umbral durante al menos un año.

Por una parte, la evidencia histórica disponible en la literatura económica sugiere dos hechos estilizados: (1) cuando la tasa de inflación anual de un país excede el 40% durante dos años consecutivos, el riesgo de una “crisis de alta inflación” aumenta extraordinariamente (Bruno y Easterly, 1995); (2) tasas de inflación anuales persistentes superiores al 50% anuales sugieren el inicio de una fase de aceleración que suele terminar en un episodio de hiperinflación (Saboin-García, 2018).

Por otra parte, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que regulan la presentación de balances de las empresas que cotizan en Bolsa en todo el mundo acumular más de 100 puntos porcentuales de inflación en tres años es un indicador para que las compañías radicadas en esos países ajusten sus estados contables a los parámetros que reflejan semejante distorsión de precios. Hay dos organismos en el mundo que definen la cuestión en base a un conjunto de criterios, entre los cuales el superar los 100 puntos porcentuales de inflación en 36 meses es uno de los más relevantes: el Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos y el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres.

Episodios históricos destacables de hiperinflación

En primer lugar, destacar el caso del Imperio Romano. Durante 270 años los dirigentes de la antigua Roma estuvieron "hiperinflando" sus monedas. El mecanismo era la fundación de las monedas de plata y refundirlas posteriormente con metales comunes. Conservaban la plata sobrante, incautándola, y obligaban a la aceptación de las nuevas monedas con un valor artificial.

Como muestra el siguiente gráfico, los romanos degradaron con frecuencia y durante siglos la principal moneda romana, el denario (véase Pense (1992)). 


En segundo lugar, un caso destacado de estudio es el periodo de la hiperinflación alemana de la República de Weimar

El marco respaldado por oro había sido la moneda oficial de Alemania desde su unificación en 1871. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, el gobierno alemán retiró el marco vinculado al oro para incurrir en enormes déficits públicos durante la guerra. La deuda pública total pasó de 5.000 millones de marcos en 1914 a 105.000 millones en 1918, al final de la guerra. Una gran fracción de esta deuda fue financiada por el banco bentral alemán de la época, el Reichsbank. Como consecuencia de ello, la oferta monetaria (la cantidad de dinero en circulación) aumentó de 6.000 millones de marcos a 33.000 millones de marcos en tan sólo cuatro años. Esto provocó una inflación del 115% durante el conjunto del período, ya que el marco redujo su valor seis veces frente al dólar estadounidense, que todavía estaba respaldado por oro. Pero lo pero estaba por llegar.

La guerra había acabado con casi la mitad de la producción industrial de Alemania y los aliados victoriosos hicieron que Alemania pagara 132.000 millones de marcos en reparaciones de guerra, equivalente a 90 billones de dólares actuales.

Con el objetivo de reconstruir la maltrecha economía alemana, a partir de mayo de 1923, el Reichsbank comenzó a imprimir marcos para financiar el déficit público, y en un sólo mes la cantidad de moneda física se duplicó, lo que generó el aumento de los precios que el Reichsbank siguió compensando con emisiones cada vez mayores. Pasados los tres meses, la oferta monetaria se multiplicó por 80, de 8.000 millones de marcos en mayo a 670.000 millones en agosto. Y tres meses más tarde alcanzó los 400 trillones, es decir,  400 millones de billones. 

Paralelamente, los precios y la tasa de inflación continuaron creciendo. Por ejemplo, un trozo de pan costaba al final de la guerra 200.000 millones de marcos, aproximadamente el doble de la deuda nacional, mientras que un dólar se cambiaba por 4,2 billones de marcos. La hiperinflación sólo terminó cuando el banco central se vio obligado a dejar de emitir dinero nuevo para financiar los déficits públicos.  La hiperinflación alcanzó su máximo en noviembre de 1923 (véase siguiente gráfico) pero fue parada al introducir una nueva moneda: el Rentenmark, que entró en circulación el 15 de noviembre de 1923.

Source: https://fgeerolf.com/data/gfd/

El caso especial de Argentina: tango, fútbol e hiperinflación

Desde 1945, Argentina ha experimentado una de las tasas de inflación más altas del mundo. Excepto durante el período 1991-2001, los sucesivos gobiernos no han podido estabilizar la moneda de manera sostenible. Los episodios de inflación e hiperinflación extremas no sólo están asociados con una mala gestión fiscal y monetaria sino también con la inestabilidad política.

Tal y como muestra el gráfico adjunto, Argentina experimentó cuatro episodios hiperinflacionarios en 1975-1976 (+444,0%), 1984-1985 +672,2%), 1988-1989 (+3.079,5%) y 1990-1991 (+2.314,0%), y sólo unos breves periodos de estabilidad de precios en 1976, 1985, 1989 y 1990. Desde marzo de 1991 se inició una fase de desinflación que extendió hasta finales de 2018. Desde entonces, Argentina entró otra vez en una nueva fase de aceleración de los precios.

Fuente: BIS Statistics Explorer
Source: BIS Statistics

Estos episodios parecen haber sido parte de un ciclo de hiperinflación a largo plazo que comenzó en 1945 y finalizó en 1991. En términos estadísticos durante los últimos 210 años, la economía argentina presenta una tasa de inflación regularmente elevada, con un máximo histórico del 3.079,5% en 1989.

Recientemente han vuelto ha saltar las alarmas. En octubre de 2023 la tasa de inflación de Argentina alcanzó el 140 % anual (un 8,3% mensual), su nivel más alto desde 1991. El déficit fiscal es más del 4 % del PIB y la ratio deuda/PIB ha alcanzado el 80 %. Además el banco central de Argentina tiene sólo 21.000 millones de dólares en reservas internacionales, la cifra más baja desde 2006.

El país también está luchando por salvar un acuerdo de 44.000 millones de dólares con FMI y se enfrenta a un pago de 16.000 millones de dólares tras un fallo judicial estadounidense relacionado con la nacionalización  de la empresa energética YPF hace una década.

La intensidad de los episodios hiperinflacionarios de Argentina estuvo estrechamente correlacionada con la magnitud de los desequilibrios estructurales generados por las políticas populistas aplicadas intermitentemente durante este período. La relación entre el gasto público y el PIB parece ser un buen indicador para medir esos desequilibrios. Cada vez que esta ratio superó el 30%, la economía argentina entró en un nuevo ciclo de alta inflación. 

¿Cuáles han sido las causas de esta enfermedad?

Por un lado, las políticas económicas peronistas destruyeron el mercado de capitales interno. Por otro lado, con la excepción del Gobierno de Menem (8 de julio de 1989-10 de diciembre de 1999) los gobiernos peronistas no han podido financiar los déficits públicos en los mercados financieros internacionales. De ello se deduce que cuando el gasto público supera un cierto umbral, las únicas fuentes de financiación disponibles para un gobierno populista son la monetización y la confiscación (de los ahorros internos y de los ingresos de los exportadores). Esta combinación de políticas condujo inevitablemente a la fuga de dinero, la fuga de capitales y el estancamiento.

La amplia victoria de Javier Milei como presidente de Argentina, refleja el rechazo de los votantes a las políticas económicas fallidas del pasado peronista del país. Pero es extremadamente improbable que Milei encuentre una salida fácil al historial crónico de hiperinflación, incumplimientos de deuda, recesiones y desempleo de Argentina.

Finalmente, Argentina está pudiendo cumpliendo con los pagos del préstamo del FMI con el rescate financiero de China, a través de acuerdos de swap de divisas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco del Pueblo de China. Esta "generosidad" está vinculada a los intereses estratégicos chinos sobre las valiosas reservas de litio de Argentina. Recordemos que el litio es uno de los minerales estratégicos en la transición energética.
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Cagan, P. (1956) “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”, pp. 25-117, in Friedman, M. (Ed.), Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press. 
Bruno, M. and Easterly, W. (1995) “Inflation Crises and Long Term Growth”, NBER Working Paper No.5209 (August). 
Bruno, M. and Easterly, W. (1995) “Inflation Crises and Long Term Growth”, NBER Working Paper No.5209 (August). 
Alan W. Pense, A.W. (1992) "The decline and fall of the roman denarius", Materials Characterization, Volume 29, Issue 2,Pages 213-222,

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "Episodios históricos de hiperinflación y el caso reciente de Argentina", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 5/12/2023,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2023/12/episodios-historicos-de-hiperinflacion.html

miércoles, 8 de noviembre de 2023

El impacto del ingreso mínimo vital en la situación económica de los hogares españoles


Por Eugenia Bilbao-Goyoaga Zabala, London School of Economics and Political Science

Este post se publicó en el blog (bAg): (bAg): Blog de Economía de la Aldea Global  el 11 de julio de 2023. Fruto del acuerdo de colaboración entre este blog y el blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, cada trimestre reproduciremos en nuestro blog algunos post que, por su temática, también pueden ser interesantes para nuestros lectores.

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¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital y en qué contexto se introduce?

‘Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna […]’. Así lo recoge el llamado Pilar Europeo de los Derechos Sociales al que están adscritos los países de la Unión Europea. Hasta el 2020, España se encontraba en una situación particular al ser el único país europeo en no disponer de una renta mínima a nivel estatal. Mientras que las diferentes rentas autonómicas que se han ido desplegando desde 1989 han ayudado a muchos a sobrellevar situaciones de pobreza, estas han proporcionado una protección generalmente baja y desigual en el territorio español.

En este contexto y en plena crisis del coronavirus, el gobierno puso en marcha en junio del 2020 una nueva renta garantizada estatal: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El objetivo de esta ayuda es llegar a 850.000 hogares en los que residen 2,3 millones de personas, mejorando las cuantías y el alcance de la mayoría de las rentas autonómicas y garantizando un mismo nivel mínimo de ingresos para todos los hogares españoles con bajos recursos. La entrada en vigor del IMV generó grandes expectativas tanto entre la población como entre expertos nacionales e internacionales ya que esta es la primera prestación nacional no contributiva de carácter general en la historia del país.

Cabe entonces preguntarse si el IMV ha cumplido con las expectativas, mejorando la situación económica de los hogares españoles. He tratado de dar respuesta a esta pregunta en una evaluación de impacto del IMV la cual se resume en este artículo (ver más detalle en este working paper).

¿Cuál es el análisis que se lleva a cabo?

Se analiza el efecto de la prestación tanto en la situación económica real de los hogares, es decir en sus ingresos y situación de pobreza, como en la percepción subjetiva que tienen los hogares sobre esta misma coyuntura. Aunque a menudo no se tiene en cuenta a la hora de evaluar políticas, es importante analizar cómo los hogares perciben su situación ya que el bienestar subjetivo puede ser incluso más relevante que las condiciones materiales objetivas para la vida de las personas afectando así a su salud, educación, productividad y a la toma de decisiones.

Los datos utilizados provienen de varias encuestas proporcionadas por el instituto de estadística de la Unión Europea Eurostat durante el período 2010-2022. Dada la disponibilidad de datos, la situación económica real de los hogares solo se puede evaluar hasta finales del 2021 mientras que la percepción subjetiva se estudia hasta finales del 2022.

Se emplea un método de control sintético que corresponde a una técnica de supervised machine learning. Este método permite aislar el impacto causal del IMV al construir una ‘España sintética sin el IMV’ a partir de países similares a España y así comparar los datos sobre situación económica en la España real con esta España sintética.

¿Cuáles son los resultados?

Un primer análisis muestra que el IMV no mejoró considerablemente la situación económica real de los hogares españoles en su primer año y medio de existencia ya que no se encuentra ningún efecto estadísticamente significativo ni en la tasa de pobreza (es decir, la proporción de hogares con ingresos inferiores al 40% de la mediana nacional), ni en la brecha de pobreza (es decir, la intensidad de esta pobreza) ni en los ingresos medios.

La ausencia de efectos significativos del IMV en la situación económica real de los hogares podría deberse a dos principales factores: un alcance limitado del mismo y el comportamiento de varias comunidades autónomas. En primer lugar, el 57% de los hogares con derecho al IMV no lo estaban percibiendo a finales del 2021 (el llamado fenómeno de non take-up) ya sea por un desconocimiento de la prestación, la creencia de que no cumplen los requisitos, la complejidad de la solicitud o el escaso beneficio esperado. En segundo lugar, 16 autonomías redujeron el presupuesto dedicado a rentas autonómicas en 2021 mientras que el número de titulares disminuyó en 14 de ellas pese a las crisis del coronavirus y de la inflación lo que podría haber contrarrestado un efecto positivo del IMV a nivel nacional.

Sin embargo, un segundo análisis con datos hasta diciembre del 2022, es decir dos años y medio desde la implantación del IMV, revela que la medida sí mejoró la percepción de los hogares sobre su propia situación económica, llevándolos a considerar que sus condiciones económicas no habían empeorado tanto durante las crisis del coronavirus y de la inflación. El IMV ha amortiguado los efectos negativos de estas crisis sobre la economía de los hogares españoles.

Este efecto positivo del IMV sobre el bienestar económico subjetivo de los hogares puede deberse a varios factores. En primer lugar, el IMV puede haber representado un ingreso estable que permite a los hogares beneficiarios aumentar su consumo y prever gastos, aportando estabilidad y reduciendo estrés. En este sentido, el efecto positivo sobre el bienestar subjetivo estaría reflejando en realidad mejoras en la situación económica real más allá del 2021. Ya que el periodo estudiado es más extenso, el análisis mensual podría estar capturando tanto el despliegue escalonado del IMV como el efecto positivo de la batería de medidas activadas en enero del 2022 para mejorar el acceso a la prestación y las cuantías. De ser así, una vez los datos de ingresos para 2022 estén disponibles, se debería encontrar un efecto positivo del IMV en los ingresos y la situación de pobreza de los hogares.

En el caso de que este efecto no se materialice, los resultados apuntarían a una diferencia entre la situación económica real de los hogares y la percepción que tienes estos de la misma. Esta discrepancia podría deberse a un ‘efecto de anticipación’ mediante el cual los hogares con bajos recursos que han presentado solicitudes pero que no se han tramitado todavía, consideran que su situación económica ha mejorado sin haber cambiado su situación material. También podría deberse a un ‘efecto placebo’ mediante el cual los hogares estiman que podrían acceder al IMV en caso de necesitarlo lo que proporciona una sensación de seguridad financiera y reduce la incertidumbre en momentos de crisis económica.

¿Cuáles son los aportes de este estudio?

El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un hito en la lucha contra la pobreza en España. Este estudio ha demostrado que, si bien al principio la medida no tuvo el impacto esperado, dos años y medio después de su introducción, el IMV ha mejorado la percepción que tienen los hogares sobre su situación económica. La prestación ha actuado como un salvavidas en tiempos de crisis. Se han tratado de explicar los resultados presentando varias hipótesis que deberán comprobarse cuando los datos estén disponibles.

Los hallazgos de este estudio son relevantes para los responsables políticos españoles, ya que proporcionan una visión general de los logros y limitaciones de esta nueva renta mínima estatal. El estudio también destaca la importancia de considerar el bienestar subjetivo a la hora de evaluar políticas públicas ya que revela información importante que, de otro modo, podríamos pasar por alto. Además, dado que los indicadores de bienestar subjetivo como el que se utiliza en este estudio están disponibles con un retraso mucho menor a los datos de ingresos procedentes de encuestas, estos pueden ser muy relevantes si lo que nos interesa es hacer un seguimiento a tiempo real de las rentas mínimas.

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Como citar esta entrada del Blog:

Eugenia Bilbao-Goyoaga Zabala, "El impacto del ingreso mínimo vital en la situación económica de los hogares españoles", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 8/11/2023,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2023/11/el-impacto-del-ingreso-minimo-vital-en.html

viernes, 20 de octubre de 2023

Evolución histórica de la tasa de morosidad de las hipotecas de hogares y de los promotores inmobiliarios, 1999-2023

Uno de los indicadores clave para evaluar el grado de la recuperación económica es la tasa de morosidad del total de créditos concedidos. Para el caso de la economía española es todavía más importante el seguimiento de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios, por los efectos negativos que generó el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, el mayor endeudamiento en hipotecas de los hogares que en el resto de la zona del euro, el deterioro de la renta disponible de las hogares y, sobre todo, por el mayor nivel de desempleo que el resto de países de la zona euro. Además, las caída de la renta disponible de los hogares y el aumento del desempleo fue agravado por las consecuencias económicas de la COVID-19. 

Un tercer impacto negativo podría provenir en la actualidad por el endurecimiento rápido e intenso de la política monetaria del BCE para contrarrestar el aumento significativo y persistente de la inflación desde 2021. 

Por un lado, en poco más de un año, el tipo de interés de referencia (el de la facilidad de depósito) ha aumentado desde el −0,5 % hasta el 4,0 %; una subida sin precedentes en la historia del euro, el nivel más alto desde 2001. 

Por otro lado, en los mercados financieros, el proceso de normalización de la política monetaria ha provocado un aumento de los tipos Euribor, especialmente importante es el aumento del Euribor a 1 año que se ha elevado en más de 315 puntos básicos (desde julio 2022) y se sitúa en el 4,149% en septiembre de 2023.

En esta entrada del Blog presentamos la evolución histórica de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios, distinguiendo entre los créditos hipotecarios de los hogares y de los promotores inmobiliarios. El periodo cubre desde el inicio de las estadísticas por parte del Banco de España en marzo de 1999 hasta marzo de 2023. La tasa de morosidad se aproxima por el cociente (en %) de los créditos dudosos respecto al total de créditos concedidos. [1]

El Gobierno español, los supervisores y las propias entidades bancarias vigilan estas estadísticas de cerca, ya que se trata de uno de los mejores termómetros que miden cuando pueden llegar los problemas económicos. El fantasma de la Gran Recesión de 2008 está demasiado reciente como para no tratar de prevenir que vuelvan a aparecer los impagos masivos y los desahucios de viviendas. Con este objetivo, el Ejecutivo y el sector bancario español han buscado fórmulas para auxiliar a las familias más vulnerables de forma preventiva, aunque el deterioro del mercado hipotecario no termina de llegar.

Después del inicio de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en julio de 2022, siguen sin aflorar las grandes amenazas derivadas del cambio de la política monetaria. La economía española esquiva por el momento la recesión y, además, los temidos impagos no crecen por el momento.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el gráfico para verlo más grande) se muestra la evolución de la tasa de morosidad de los créditos concedidos a los hogares para la adquisición y rehabilitación de viviendas. 

Los últimos datos publicados por el Banco de España sobre los créditos hipotecarios dudosos de las entidades de crédito españolas indican que, tanto el saldo vivo de los créditos hipotecarios concedidos a hogares y a promotores como sus respectivas tasas de morosidad continuan descendiendo, fruto del esfuerzo de las entidades por sanear sus balances, aunque el aumento continuado del tipo de interés del Euribor a 1 año (referencia de las hipotecas) podría aumentar la morosidad en un futuro más o menos cercano.

A finales de junio de 2023 el saldo de los créditos hipotecarios concedidos por los bancos españoles a los hogares ascendía a 499.232 millones de euros, de los cuales 12.423 millones de euros eran considerados como créditos morosos.

Ello suponía que la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios de los hogares continua descendiendo (pero a menor ritmo) hasta alcanzar a finales de junio de  2023 el 2,49%. Esta cifra es el 40% del nivel de marzo de 2014 (6,32%), pico registrado como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, pero todavía está muy alejada del mínimo histórico de diciembre de 2004 (0,30%). 

La clave fundamental para que los temidos impagos de las familias no suban radica en la fortaleza del mercado laboral y en la resistencia del crecimiento económico. Los familias con prestamos hipotecarios  para compra de vivienda en España tienen la costumbre de dejar de pagar otros créditos al consumo antes que los hipotecarios.  De hecho, solo se toma la decisión de estos pagos cuando se pierde el puesto de trabajo y los ingresos familiares se derrumban de forma brusca.

En el segundo gráfico se muestra la evolución de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios concedidos a los promotores inmobiliarios.

La deuda viva acumulada por los promotores inmobiliarios con los bancos alcanzaba a finales de junio de 2023 los 72.007 millones de euros, de los cuales 2.491 millones de euros eran clasificados como créditos dudosos. Estas cifras de stock de créditos concedidos a las actividades inmobiliarias están ya muy alejadas del máximo alcanzado en junio de 2009 (324.663 millones de euros) en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria.

La tasa de morosidad del sector de promotores inmobiliarios alcanzaba en junio de 2023 el 3,46%, registrándose una espectacular mejora desde el máximo alcanzado en junio de 2014 (38,04%). No obstante, aun queda un amplio margen de mejora puesto que el mínimo histórico se sitúo en diciembre de 2006 en el 0,28%.

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[1]  El supervisor incluye entre los dudosos aquellos créditos en los que se ha producido un impago del principal o intereses durante un periodo de más de 90 días, o cuando se considere improbable que el deudor cumpla íntegramente sus obligaciones, aunque aún no haya importes sin abonar. 

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "Evolución histórica de la tasa de morosidad de las hipotecas de hogares y de los promotores inmobiliarios, 1999-2023", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 20/10/2023,


lunes, 11 de septiembre de 2023

La crisis bancaria estadounidense: un primer balance de sus efectos

Por Antoni Garrido, Universidad de Barcelona

Este post se publicó en el blog (bAg): (bAg): Blog de Economía de la Aldea Global  el 14 de junio de 2023. Fruto del acuerdo de colaboración entre este blog y el blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, cada trimestre reproduciremos en nuestro blog algunos post que, por su temática, también pueden ser interesantes para nuestros lectores.

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Entre 2012 y 2022 la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cerró 122 bancos en los Estados Unidos dejando el censo de entidades operativas a finales de ese año en 4.706 (de los cuales 4.127 serían bancos comerciales y 579 otras instituciones de ahorro). Posiblemente porque se trataba de entidades pequeñas, únicamente sus clientes, empleados y proveedores fueron conscientes de su desaparición. Los tres casos de crisis bancaria (First Republic, Silicon Valley y Signature Bank) acaecidos en el primer semestre de 2023 han ocupado en cambio las páginas de información económica de medio mundo. Y ello a pesar que los activos de las entidades afectadas (532.000 millones de dólares en total) suponen únicamente el 2,25% de los activos del sistema bancario estadounidense. La rapidez con la que tuvieron lugar las retiradas masivas de fondos que forzaron su entrada en la insolvencia, el destacado y novedoso papel que en las mismas jugaron las redes sociales y las medidas excepcionales que se tomaron para hacerles frente explican quizás esa diferencia de trato informativo.

La gestión de la crisis

A diferencia de lo ocurrido durante la crisis financiera de 2008, las autoridades estadounidenses no se han cansado de repetir que se trataba de casos aislados que no hacían sino reflejar “errores de manual” cometidos por sus directivos. Afirman también que en esta ocasión, cosa ciertamente no baladí, no habría sido necesario movilizar fondos de los contribuyentes, ya que todas las perdidas habrían sido sufridas por los accionistas y bonistas de las entidades afectadas y por la FDIC que se financia con las cuotas que aportan los propios bancos. Volveremos sobre estas dos cuestiones más adelante.

Menos positivo habría sido el balance de la actuación de los organismos supervisores. De hecho, la propia FED, en su informe sobre su actuación en la crisis del Silicon Valley Bank (SVB), reconoce algo que ya han puesto de manifiesto numerosos casos de quiebras bancarias con anterioridad. Esto es, que los supervisores se muestran reacios a reconocer la existencia de problemas, ya que ello implica explicitar que no han hecho bien su trabajo, y que les cuesta también conseguir que las entidades tomen las medidas necesarias para resolver los citados problemas. Se entiende pues que algunos autores aconsejen reducir el grado de discrecionalidad de que disponen a la hora de actuar o que, para evitar conflictos de intereses y retrasos en la intervención, se proponga separar las competencias en política monetaria de las relativas a la supervisión de las entidades bancarias.

Además de la consiguiente reducción en el censo de entidades, la crisis ha causado un trasvase de fondos hacia las entidades más grandes al ser estas consideradas más seguras, dada la cobertura implícita con la que cuentan en caso de dificultades. Pese al reducido grado de concentración del sistema bancario en los Estados Unidos, no han faltado voces que abogan por impedir que los ahorros de los estadounidenses acaben en manos de un reducido número de grandes bancos. Critican también que el First Republic fuera vendido a JP Morgan posibilitando así que el más grande lo sea aún más, y que lo fuera previa concesión al banco neoyorquino de un paquete de ayudas considerable (una línea de crédito por valor de 50.000 millones de dólares -de la que no se ha publicado el tipo de interés- y un esquema de protección de pérdidas). Es verdad, se reconoce, que la FDIC está obligada a aceptar la oferta del mejor postor y este fue JP Morgan, pero lo es también que no debería haber podido participar en la subasta ya que su cuota de su cuota de mercado en depósitos supera el tope (10%) fijado por los reguladores como condición para poder participar en ellas.

El diseño del seguro de depósitos

La publicación de noticias o rumores sobre su solvencia hizo que las tres entidades citadas, vinculadas y expuestas a los sectores tecnológico y/o de las criptomonedas, sufrieran retiradas masivas de depósitos de una magnitud desconocida hasta la fecha. Gracias a la tecnología el ritmo de las retiradas fue además muy rápido, reduciendo aún más el ya de por si escaso margen de maniobra de que disponen las autoridades para actuar. No debe sorprender pues que hayan aparecido partidarios de sustituir el régimen de protección parcial existente en la actualidad por otro que garantice que todos los depositantes, sea cual sea la cuantía de sus fondos, podrán recuperar la totalidad de sus fondos. Esto fue en definitiva lo que, por primera vez en su historia, hizo la FDIC en los casos del SVB y del Signature Bank.

Como se señaló en una entrada anterior, proteger a la totalidad de los depositantes posibilitaría sacarlos de la ecuación de la gestión de las crisis bancarias, y permitiría pues a la FED gestionar la política monetaria sin tener que preocuparse por los efectos causados por los cambios en los tipos de interés. Al dejar de ser considerados pasivos “bailinables”, esto es, susceptibles de absorber pérdidas en caso de necesidad, se evitaría que los depositantes no asegurados retiren sus fondos de sus entidades ante la menor duda sobre la solvencia de las mismas, y se podrían pues aplicar las normas aprobadas tras la crisis financiera para reducir precisamente el coste para los contribuyentes de las crisis bancarias. No habría además razón para preocuparse por la toma de riesgos, ya que el papel disciplinador que en los modelos clásicos (empezando por el de Diamond y Dybvig) desempeñan los depositantes no asegurados lo cumplirían en la actualidad los tenedores de los títulos de deuda susceptible de ser transformada en capital (CoCo’s, deuda subordinada, etc.,) para absorber pérdidas.

Para una buena parte de la academia (véase por ejemplo Philippon), proteger la totalidad de los depósitos es, en cambio, una mala idea, ya que no solo genera azar moral, sino que incentiva también que los bancos aumenten su dependencia de los depósitos como fuente de financiación y, con ello, sus ya de por si elevados niveles de apalancamiento. En el límite, si la cobertura proporcionada por el seguro fuera del 100 por cien los bancos no tendrían incentivos para emitir deuda y capital. Ampliar el grado de cobertura incrementaría también el coste y las potenciales pérdidas del fondo asegurador. Es verdad que las cuotas en principio las pagan los bancos que sobreviven a las crisis. Estos no dejan de ser otro tipo de contribuyente y también lo son los clientes a los que se les acabará traspasando el coste del seguro; seguro que, en última instancia, es considerado creíble porque está respaldado por «the full faith and credit of the US government», siendo por tanto los contribuyentes los verdaderos garantes de su viabilidad.

De implantarse, dicha medida exigiría disponer de una estricta y consistente regulación que no estamos en condiciones de poder garantizar. En última instancia, si todos los depósitos tienen que estar protegidos cabe plantearse si no estamos ante un servicio público que, como tal, debe ser proporcionado por la propia Administración.

Queriendo posiblemente remarcar el carácter extraordinario de lo hecho (garantizar todos los depósitos del SVB y del Signature Bank) la propia FDIC, en su reciente informe sobre la cuestión, se ha mostrado asimismo contraria a proteger a la totalidad de los depositantes. Entre otras razones porque, según los datos de la FED, el límite asegurado en la actualidad (250.000 dólares por depositante y entidad) es más que suficiente para cubrir el 99% de las cuentas bancarias estadounidenses. Para evitar lo ocurrido en los recientes casos de crisis, en los que quedaron sin protección los saldos que mantienen las empresas para llevar acabo su actividad, aboga por incrementar el grado de protección de tales depósitos. Consciente de que correspondería al poder legislativo determinar esa cuestión no propone formalmente una cifra, pero sugiere en el texto que 2.500.000 dólares, diez veces más que el límite actual, sería una cuantía adecuada. No explicita tampoco si el nuevo límite debería aplicarse a todas las empresas o únicamente a las pequeñas y medianas que, a diferencia de las grandes, no disponen de un departamento de tesorería capaz de gestionar de forma eficiente sus necesidades financieras.

Pese a su aparente lógica, no faltan tampoco críticos con la propuesta anterior. Para Perotti, por ejemplo, proteger siempre y en todas las circunstancias la totalidad de los depósitos empresariales no satisface ningún propósito público esencial y genera en cambio riesgos fiscales e inflacionistas. El seguro, prosigue, fue creado para proteger de forma parcial los ahorros de las familias, no para crear una red pública de seguridad para las empresas; estas, por definición, obtienen sus beneficios asumiendo riesgos y pueden, por consiguiente, aguantar un modesto incremento en el precio del riesgo a cambio de obtener liquidez de forma inmediata. De llevarse a cabo una reforma en esa línea considera que sería preciso en todo caso diferenciar entre los saldos que las empresas mantienen para el desempeño de su actividad corriente de los mantenidos como refugio de valor, que deberían ser colocados en otros activos como los fondos de inversión del mercado monetario.

Suspender temporalmente (por ejemplo, 30 días) la conversión de los depósitos (o de una parte de ellos) y fijar un precio cambiante y más elevado cuando las retiradas empiezan a aumentar es la otra vía que algunos autores han propuesto para permitir a las autoridades disponer de más tiempo para gestionar las entidades en crisis. Equivaldría para entendernos a hacer a tales depositantes transitoriamente “pseudo accionistas de la entidad” (solo en el caso de que el banco sobreviva podrán recuperar sus ahorros). Dicho de otra manera, aquellos que son los primeros que retiran los fondos de la entidad en dificultades estarían así contribuyendo a cubrir las pérdidas que su conducta causa a los depositantes más pacientes. Tal medida no está exenta de problemas. el más claro es que convierte a los depositantes en accionistas sin darles a cambio ninguno de los derechos de aquellos.

Capital, capital y…… ¡¡ más capital !!

En contra de la narrativa “oficial” (casos aislados causados por una mala gestión), algunos autores -entre los que vale la pena destacar a Anat Admati et al. y Erica Jiang et al.- sostienen que se trata de una crisis sistémica cuyo detonante habría sido la retirada masiva de fondos por parte de los depositantes, pero su causa real la situación de insolvencia en la que se encontrarían muchas entidades debido a la subida de los tipos de interés. Cerca de 200 bancos estarían, según estos autores, en riesgo de que el valor de mercado de sus activos fuera insuficiente para reembolsar a los depositantes sus saldos asegurados si estos decidieran movilizar una parte de sus fondos. Evitar una pérdida de confianza en tales entidades habría sido en definitiva la razón que llevó a la FDIC a dar a entender que si fuera necesario garantizaría la totalidad de los depósitos y a la FED a aceptar como colateral de los préstamos concedidos al sistema bancario la cartera de bonos en poder de las entidades valorada por su nominal en lugar de por su precio de mercado. El problema es que con esta actuación se estaría posibilitando el mantenimiento de un buen número de bancos zombies, que solo se diferencian de los ya quebrados en que tienen un menor porcentaje de depósitos no asegurados.

Desde esta perspectiva, habría llegado la hora de que los bancos reduzcan la dependencia de los depósitos (cuyo coste están subsidiado por la garantía estatal implícita de que gozan) que muestran en la actualidad y opten, en su lugar, por “jugarse la piel” incrementando considerablemente sus niveles de capital. Para que dicho aumento sea eficiente, se prosigue, sería necesario cambiar el marco regulador de la deuda pública, considerada en todos los casos un activo muy seguro y líquido y, por tanto, no tenida en cuenta a la hora de calcular las necesidades de capital. Habría que cambiar también la forma de contabilizar (coste amortizado) la cartera de títulos de renta fija mantenida hasta el vencimiento, ya que, como se ha visto, permite enmascarar la situación real de las entidades.

No hace falta decir que las entidades bancarias se opondrán con todos los medios a su alcance a cualquier intento de incrementar las exigencias en materia de recursos propios, aduciendo, por ejemplo, que ocasionaría una reducción y encarecimiento del crédito. No está claro tampoco que los legisladores estadounidenses acepten aumentarlos, y mucho menos a todos los bancos por igual, argumentando que no tiene sentido “castigar” a todos por culpa del mal comportamiento de unos pocos. Valorar a precio de mercado todos los activos bancarios generaría por último una volatilidad significativa de los balances bancarios que está por ver que fuera manejable.

Habrá que esperar un tiempo para saber cuál es el nuevo marco regulador de la actividad bancaria que acabarán adoptando los Estados Unidos como respuesta a la reciente crisis bancaria. Lo único que parece estar claro a estas alturas es que incrementar el grado de protección de los depósitos sin hacer nada más no es la solución.

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Antoni Garrido, "La crisis bancaria estadounidense: un primer balance de sus efectos", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 11/9/2023,

http://vicenteesteve.blogspot.com/2023/09/la-crisis-bancaria-estadounidense-un.html